Alberto Baños seguirá a cargo de la destrucción de las políticas de memoria

Alberto Baños seguirá como subsecretario de Derechos Humanos a pesar de que el Gobierno de Javier Milei decidió degradar la Secretaría de la que él estuvo a cargo desde diciembre de 2023. Las dudas sobre su continuidad se habían disipado el domingo, cuando se lo vio sonriente en el Tedeum observando cómo el Presidente estrechaba las manos de algunos elegidos.

A través del decreto 357, el Gobierno oficializó la designación de Baños como subsecretario de Derechos Humanos en forma ad honorem. Baños no percibe sueldo del Poder Ejecutivo porque es jubilado del Poder Judicial.

Desde que llegó a la Secretaría de Derechos Humanos, Baños se dedicó a encogerla. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, alardeó que, hasta marzo, habían despedido a 405 trabajadores.

Si se concreta el recorte adicional del 30 por ciento que anunció Manuel Adorni, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estima que podrían producirse otros 170 despidos. Eso dejaría en pie únicamente una tercera parte de la estructura que Baños recibió en diciembre de 2023.

Tierra arrasada

La exSecretaría de Derechos Humanos es tierra arrasada. Según el gremio, hubo más de 40 desvinculaciones en la dirección de Sitios de Memoria. Un número similar de trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) fue echado. Queda un único abogado para atender las causas de crímenes de lesa humanidad en provincia y Ciudad de Buenos Aires. Hay provincias que ya no tienen querellantes. También se disolvió el cuerpo de peritos que intervenían en esos expedientes, solo por dar algunos ejemplos.

Baños radicalizó su posición desde mediados del año pasado. En octubre censuró unas jornadas sobre políticas de memoria que se estaban haciendo en el Centro Cultural Haroldo Conti. Meses más tarde, dispuso el cierre del lugar.

Para ingresar a sus puestos de trabajo en la exSecretaría –que tiene su sede principal en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)--, los empleados deben atravesar los controles que efectúa la Policía Federal Argentina (PFA).

A partir de este lunes, Baños tendrá que hacerse cargo de una estructura raleada. La semana pasada, el Gobierno unificó el ANM y el Museo del Sitio de Memoria ESMA (emplazado en el que fuera el casino de oficiales, donde estaban los secuestrados durante la última dictadura, y considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO) y los colocó como unidades operativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Desde hace meses, el CIPDH está acéfalo. Suena Ana Belén Mármora, una abogada y periodista ultracatólica, como futura titular. Está casada con Agustín Caulo, director de Culto Católico en la Secretaría de Culto y Civilización que conduce Nahuel Sotelo.

A la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos y los cambios en el Museo y en el ANM, hay que sumar la decisión del Gobierno de Milei de quitarle toda su estructura administrativa al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para identificar a los nietos y a las nietas que la dictadura les robó. Desde el organismo que preside Estela de Carlotto reclamaron frenar el avasallamiento.

Quién es Alberto Baños

Baños llegó a la Secretaría de Derechos Humanos por su amistad con Cúneo Libarona, quien también lo reclutó como docente de la especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad del Museo Social Argentina (UMSA). Ambos se conocieron en la justicia ordinaria.

Baños ingresó al Poder Judicial en 1977 –en plena dictadura. Juró como juez en 1993, en pleno menemismo, y se retiró en 2023, cuestionado por su rol en la investigación sobre la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan.

En Tribunales, lo recuerdan como un “duro entre los duros”. Jugó rugby hasta principios de los ‘80, después pasó a ser un aguerrido defensor en los partidos de fútbol que disputaban funcionarios judiciales. También tenía cierta afición por practicar tiro, lo que hacía junto con un comisario de Homicidios de la PFA. Su amigo más conocido en los tribunales es Juan José Galeano, destituido y condenado por su rol en el desvío de la investigación sobre el atentado de la AMIA.

En 2010, el entonces juez Baños le concedió un hábeas corpus al ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, para que lo sacaran de la cárcel de Ezeiza y lo llevaran a la clínica de Los Arcos. La familia Martínez de Hoz encomió la actuación de Baños en una presentación que hizo ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Como funcionario de La Libertad Avanza (LLA), Baños impulsa un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para calificar las acciones de los grupos políticos militares como delitos de lesa humanidad al igual que los crímenes perpetrados desde el aparato estatal.